CIUDAD DE MÉXICO. Tras no coincidir en sesión privada y de manera unánime en su apoyo, Ministros y Ministras se confrontaron este martes con señalamientos a través de escritos por el paro de trabajadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ochos Ministros y Ministras de la SCJN, quienes avalaron unirse al paro de trabajadores, rechazaron las «provocaciones», «amenazas» e «infundios» de tres de sus colegas que este martes votaron contra la suspensión de labores en el máximo tribunal.
En una respuesta escrita, esta mayoría de la Corte lamentó las «descalificaciones» e «intimidaciones» que, a su juicio, contiene el boletín emitido hace unas horas por Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes rechazaron el paro en tribunales como una forma de protesta por la reforma al Poder Judicial.
Se trata de un episodio que muestra la división irreconciliable entre ambos bloques, que ya era evidente desde 2023, pero se ha venido agravando ante la intención de Morena de sacar adelante lo antes posible la reforma para elegir a todos los jueces del País por voto popular.
La tensión creció significativamente el pasado 28 de agosto, cuando secretarios de estudio y cuenta de varios Ministros reclamaron airadamente a Batres por su apoyo a la reforma judicial, mientras que empleados de ésta salieron a defenderla.
Señalan tres Ministras ‘juicio’ y delitos por paro en CorteEn un comunicado emitido horas antes, las tres Ministras advirtieron que parar labores en la Corte es inconstitucional, que sus colegas podrían ser sujetos de juicio político, y que incurren en probables delitos al mantener sus remuneraciones durante la suspensión, entre otras críticas.
«El artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que procede la imposición–mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las Ministras o Ministros que en el ejercicio de sus funciones (…) incurran en actos u omisiones que redunden en perjuico de intereses públicos fundamentales o de su buen despacho», advirtieron.
«El artículo 110, Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de ‘desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo'».
Responden Ocho Ministros y MinistrasLos ocho Ministros y Ministras que votaron a favor del paro, entre ellos la presidenta de la Corte, Norma Piña, así como Margarita Ríos-Farjat, Jorge Pardo, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez, contestaron que todo lo expresado por sus homólogas era ir en contra de la libertad de expresión, asociación y reunión.
«Lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contendidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra las y los Ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro País que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro derecho Constitucional», afirmó esta mayoría.
«Con cabal respeto a las diferencias, pero sin caer nunca en provocaciones e intimidaciones que no abonan al debate republicano que debe imperar en un Estado constitucional y democrático de derecho, renovamos nuestro compromiso con la sociedad a la que nos debemos, así como nuestra solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación», agregó.
El grupo de seis Ministros y dos Ministras, quienes en los últimos dos años han echado abajo reformas a leyes secundarias que Morena y aliados aprobaron sin cambiar la Constitución o con violaciones graves de procedimiento, reiteró que la suspensión de labores en la Corte, como en el resto de los tribunales, no es total, que se atenderán asuntos urgentes, se mantendrán algunos trámites y, de ser necesario, se resolverán expedientes.
El Pleno se reunirá de nuevo el 9 de septiembre para valorar si mantiene el paro, que fue aprobado el pasado lunes por casi 89 por ciento de los mil 72 empleados de la Corte que participaron en una votación convocada por colegios de secretarios.
«La Suprema Corte de Justicia, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas es, y debe seguir siendo, un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de los derechos de las personas que laboramos en esta institución», sostuvieron en la respuesta.