Auditar a la UAZ
Hemos hablado, en reiteradas ocasiones, que la Universidad sí es autónoma, pero se debe acotar su funcionamiento al marco legal propio de la institución, así como a las leyes estatales y nacionales que rigen las funciones que realiza la máxima casa de estudios.
Para muchas personas, incluidas las autoridades universitarias, cuando se cuestionó la ampliación ilegal del mandato argumentaron que la máxima casa de estudios es autónoma y lo puede hacer – lo que resulta completamente falso -, pero cuando se trata de acatar una resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ahí se les olvida la autonomía, o al menos son omisas en recordar que existe.
Ello es porque les queda claro que la autonomía universitaria está acotada por el marco normativo estatal y, sobre todo, por el federal: primero porque recibimos recursos, y segundo porque la autonomía no es sinónimo de independencia o de autosuficiencia.
El punto ahora es que no se está en contra de la auditoría, por el contrario, qué bueno que las autoridades federales están volteando a ver a la universidad y pretendan revisar el ejercicio del recurso que recibe.
Ojalá el auditar la planta docente sea solo la punta del iceberg de la revisión profunda que se requiere, puesto que hace falta una auditoría integral académica y otra administrativa, centrándonos en la forma de organización de los diversos programas, unidades académicas y centros.
Además, una inspección de la eficacia con la que se asignan y se gastan los recursos en la institución, el pago de prestaciones docentes a funcionarios, la contratación excesiva de personal de confianza que no realiza funciones de docencia, el incumplimiento de prestaciones pactadas, entre otras muchas cosas más que son irregulares y que es necesario corregir.
Antes de continuar es necesario señalar que evidenciar los errores que se cometen no es una falta de respeto a la institución, sino un ejercicio de crítica constructiva encaminado a reconocer errores con la finalidad de corregirlos.
Así que para todas aquellas personas que encuentran en estas líneas un atentado contra la institución, se les invita a recordar que los errores los cometen las personas, no las instituciones, y que en determinado momento lo que se está criticando es el actuar de las personas, no de las instituciones, por lo que criticar al rector o a sus secretarios o funcionarios no es juzgar a la institución, sino a quienes la mal dirigen. En otras palabras, la institución somos todos, no solo los funcionarios.
Pero, retomando la convocatoria de la ASF a que poco más de 200 docentes universitarios mostraran evidencia de su quehacer docente, la invitación es a la misma ASF a que ahora audite los pagos de los funcionarios, las contrataciones excesivas, el pago de seguridad social, se haga una revisión académica administrativa, no solo como pase de lista, también como evidenciar la pertinencia social de los programas que se aprueban, la delimitación efectiva del techo presupuestario, la sujeción a las normas establecidas en los contratos, entre otras muchas acciones que, sustentadas en un marco legal específico, las autoridades universitarias no quieren respetar.
Ya ni qué decir de la ampliación de mandato, que de sobra hemos señalado que es, a todas luces, ilegal; desde ahí debería comenzar la auditoría, pero teniendo siempre presente el debido proceso, porque en este tipo de situaciones forma es fondo.