ZACATECAS. En su primer informe de actividades, Cristian Paul Camacho Osnaya destacó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aumentó las vinculaciones a proceso penal en 58.1 por ciento, al igual que las personas sentenciadas, en 28.8 por ciento.
La desaparición de personas y la violencia contra las mujeres, subrayó el fiscal, fueron los delitos atendidos con urgencia, con toda la capacidad y esfuerzos institucionales por tratarse de dos flagelos con un impacto devastador en la sociedad.
El abatimiento del rezago de carpetas de investigación de administraciones anteriores es otro de los rubros con avances, pues en tres meses se logró determinar 6 mil 658 investigaciones, alcanzando un progreso de 5.9 por ciento.
De estos resultados da cuenta Camacho Osnaya en el documento entregado al Congreso local, a donde asistirá el próximo martes para pormenorizar a los diputados locales su primer informe al frente de la FGJE.
Detalló que durante 2024 superaron los números de personas vinculadas a proceso penal y sentencias en comparación con 2023.
El año pasado fueron vinculadas a proceso 3 mil 452 personas, 1 mil 269 más que en comparación con 2023, lo que representa un incremento de 58.1 por ciento.
En personas sentencias el aumento es de 28.8 por ciento, ya que en 2024 fueron sentenciadas 742 mientras que el año anterior sumaron 576.
Ese incremento de sentencias se consiguió mediante la implementación del procedimiento abreviado, obteniéndose 470 por este mecanismo, lo que es un aumento de 180 por ciento en contraste con 2023 cuando apenas fueron 261.
Camacho Osnaya sostiene que el mayor uso de este mecanismo de terminación anticipada del proceso permitió despresurizar y agilizar la justicia penal, además de “descongestionar” a los fiscales del Ministerio Público, al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) y a las defensorías públicas.
Como ejemplo de ello, la fiscalía presume la sentencia condenatoria “en tiempo récord” de 48 horas desde la comisión del delito de feminicidio hasta el veredicto impuesto el pasado 5 de abril de 2024, con una pena de 26 años y tres meses de prisión.
En el combate al feminicidio y las violencias contra las mujeres, destaca que el año pasado llevaron ante el juez 1 mil 433 expedientes, lo que representó un aumento de 195 por ciento versus el periodo anterior; en tanto las sentencias condenatorias obtuvieron 176, una alza de 28.46 por ciento.
En el documento presentado, la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, reestructurada recientemente, logró la disminución del feminicidio, al registrarse 8 casos en comparación a los 18 del 2023.
Abatimiento al rezago
El fiscal reporta que a su llegada hace 13 meses encontró un rezago acumulado de 10 mil 894 averiguaciones previas, es decir, expediente del viejo sistema penal, y 100 mil 489 carpetas de investigación que llevaban más de un año sin una resolución definitiva.
Ante esta situación, expone, se puso en marcha un plan estratégico de abatimiento del rezago con el cual se logró determinar 6 mil 658 investigaciones, alcanzado un progreso del 5.9 por ciento en tres meses.
Para obtener resultados, la fiscalía actualizó y mejoró su marco normativo, que incluyó la publicación de dos acuerdos para establecer supervisiones a los fiscales del Ministerio Público para evitar determinaciones indebidas, como el mal uso de la abstención de investigar, y regular la figura de archivo temporal de las carpetas de investigación y definir parámetros de penas propuestas en procedimiento abreviado.
Combate a la extorsión
Ante el crecimiento del delito de extorsión, Cristian Camacho destaca que la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro se enfocó a la investigación de este delito, por el cual en 2024 se abrieron 339 carpetas, registrando un disminución de 29.2 por ciento en comparación con el año anterior.
De esos casos se identificó que 2.48 por ciento eran cobro de piso, el resto era secuestro virtual y que la mayoría de las llamadas telefónicas provenían de cárceles de Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México y otras.
El fiscal da cuenta que por el delito de extorsión ejecutaron 13 órdenes de aprehensión en contra de 17 imputados, quienes ya recibieron sentencias condenatorias.
Atención a una deuda histórica
Iniciando por reconocer la deuda histórica con las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares estableció mecanismos de atención e investigación “con mayor sensibilidad, empatía hacia las víctimas indirectas y familiares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.
Como resultado, resalta el informe, en 2024 se reportaron 1 mil 278 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa una disminución de 5.4 por ciento en comparación con el año anterior.
Cristian Paul Camacho destaca que el año pasado lograron la localización de 551 personas como resultado de las acciones implementadas por un grupo multidisciplinario, que realizó 195 búsquedas en campo, casi triplicándose, pues en 2023 fueron 69.
Reconoció que en 2023 recibió un Servicio Médico Forense “rebasado”, que albergaba un total de 1 mil 70 cuerpos no identificados. La situación fue atribuida a dos factores: “la incidencia criminal y la falta de supervisión, ineficacia, y de sensibilidad en la labor de identificación humana”.
El fiscal da cuenta que, con cumplimiento del convenio suscrito con el Instituto Nacional Electoral (INE), que permite cotejar huellas dactilares de las personas fallecidas no identificadas con el padrón electoral, se logró la identificación de 206 cuerpos, de los cuales 156 fueron restituidos a sus familias.
Estos avances en la identificación, reconoce, son producto de la alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) y la Universidad de Frankfurt, Alemania, que analizarán y procesaran 172 muestras óseas para obtener el perfil genético, así como 461 referencias de madres buscadoras con la misma finalidad.