CIUDAD DE MÉXICO. La 4T podría valerse del recurso de cancelar candidaturas peligrosas en la elección judicial para descarrilar perfiles incómodos, alertó el ex senador Roberto Gil Zuarth.
La víspera, el Congreso de la Unión solicitó al INE retirar a 26 candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial con trayectorias de dudosa reputación, algunos de los cuales tienen, incluso, carpetas de investigación abiertas en su contra.
De acuerdo con Gil Zuarth, que fue excluido de las listas a candidatos a la Suprema Corte de Justicia, el árbitro electoral y el Senado aún dilucidan la ruta a tomar para eventualmente apartar de la contienda a candidatos improbos.
«¿Necesitamos un mecanismo para depurar a personas riesgosas por sus vínculos con el crimen organizado? La respuesta es sí, pero bajo qué estándares que no te lleven a que cometas injusticias; por ejemplo, con un procedimiento de castigo para que descarriles candidaturas que probablemente no tienen antecedentes de peligrosidad, pero que sí pueden amenazar los intereses de la 4T», previno.
«Pero si se asume que este procedimiento puede conducir a la cancelación de una candidatura, claro que puede ser utilizado contra un candidato muy riesgoso, pero también para alguien que pueda resultar políticamente incómodo para la 4T», enfatizó.
Desde la perspectiva del abogado constitucionalista, la manera como el Senado está confeccionando la ruta a seguir «no está claro si conduce a una cancelación antes de la elección, o simplemente es un mecanismo para que el INE detone facultades de investigación, prepare los expedientes y cuando llegue el momento de las impugnaciones contra quien resulte ganador, utilice eso elementos para determinar si es o no idóneo
«Las dos tienen sus implicaciones: si se convierte este procedimiento en un procedimiento ad hoc para la cancelación de los registros, hay algunos candidatos que son ostensiblemente peligrosos; por ejemplo, abogados vinculados al narcotráfico, pues ahí se justificaría la cancelación», repuso.
«Pero la cancelación tiene el riesgo de que, justificada en la necesidad de sacar de la competencia a candidatos muy cuestionables, se convierta también en un mecanismo autoritario para excluir de la competencia a aquellos candidatos que si bien no tiene vínculos o antecedentes riesgosos, sí pueden ser preocupantes para la mayoría oficialista.»