La escalada de tensiones entre Estados Unidos y México ha llegado a una etapa más: la cancelación de visas a funcionarios mexicanos de alto nivel, incluyendo el significativo caso de la gobernadora de Baja California.
Este movimiento no es un incidente aislado, sino parte de una estrategia calculada por parte de la administración Trump para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum en un momento clave de redefinición de la cooperación bilateral en seguridad.
Detrás de esta medida hay una realidad más compleja y dolorosa: mientras México sigue acumulando muertos en una guerra contra el narcotráfico que se libra predominantemente en su territorio, Estados Unidos mantiene una política ambivalente que por un lado exige resultados en el combate a los cárteles y por otro se resiste a asumir responsabilidad por el flujo de armas que alimenta dicha violencia y por su permisividad ante esquemas de lavado de dinero.
Desde que Felipe Calderón lanzó la estrategia militarizada contra el narcotráfico en 2006, México ha registrado más de 420 mil homicidios dolosos según datos del Inegi, a los que se suman los más de 110 mil desaparecidos que documenta la Comisión Nacional de Búsqueda.
Esta sangría humana contrasta radicalmente con la situación al otro lado de la frontera, donde ciudades como El Paso o San Diego, siendo centros clave de distribución tanto de drogas como de armas hacia México, no registran enfrentamientos entre cárteles y fuerzas federales comparables a los que ocurren diariamente en territorio mexicano.
Fue precisamente esta asimetría la que Claudia Sheinbaum denunció durante su campaña presidencial. En Culiacán, dentro del territorio controlado por el Cártel de Sinaloa, declaró: “Esta guerra se ha librado con sangre mexicana y armas americanas. Basta de hipocresía: o cooperan para frenar el tráfico de armas, o esta violencia no terminará”.
Ahora como presidenta, Sheinbaum ha comenzado a traducirlo en acciones que buscan redefinir los términos del conflicto.
Uno de sus primeros movimientos fue ordenar en noviembre de 2024 una auditoría exhaustiva a todas las armas incautadas por las fuerzas de seguridad, con el objetivo específico de documentar y hacer público el origen de cada arma decomisada. Los resultados preliminares, que determinan un 70 por ciento de origen estadounidense, han sido utilizados como base para una nueva estrategia diplomática menos sumisa.
Sheinbaum ha pedido al Departamento de Estado estadounidense acceso a información sobre investigaciones contra armeros y distribuidores de armas que operan en la frontera, así como mayor cooperación en el rastreo de armas. La respuesta hasta ahora ha sido evasiva.
Esta nueva postura explica en buena medida la reacción estadounidense. La cancelación de visas no es una medida casual ni aislada. Tampoco es un berrinche; es parte de un juego de presión calculado. Trump busca debilitar la posición negociadora de Sheinbaum antes de que logre consolidar acuerdos vinculantes sobre el flujo de armas y buscará posponer cualquier negociación sustantiva en la materia porque, además del control de armas, el otro territorio impenetrable —los círculos y esquemas de lavado de dinero y la repartición de sus eventuales decomisos— son temas que para EEUU vale la pena rehuir.
El dilema que enfrenta Sheinbaum es, por un lado, ceder a las presiones manteniendo el statu quo que ha convertido a México en campo de batalla de una guerra que beneficia principalmente a los intereses estadounidenses. El cambio implica desde represalias económicas hasta medidas que podrían afectar a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. La presidenta tiene márgenes para hacerlo: según el consenso de encuestas su popularidad está en alrededor de 80 por ciento.
Washington ha preferido externalizar los costos de la guerra contra las drogas, manteniendo a México en una posición subordinada donde asume los riesgos operativos y humanos mientras las agencias estadounidenses controlan los flujos de inteligencia y definen las prioridades estratégicas.
Romper este esquema requerirá no solo firmeza diplomática, sino también capacidad para movilizar apoyos internacionales y mantener la cohesión interna frente a lo que probablemente será una escalada de presiones. En ese escenario, la oposición mexicana, que comienza a festinar el revés de las visas, a mediano plazo tendrá un duro dilema en arriesgarse a ser percibida como defensora del masiosare.
¿Estará Estados Unidos dispuesto a asumir su corresponsabilidad en este conflicto, o preferirá seguir cancelando visas mientras las armas siguen cruzando la frontera y los muertos siguen acumulándose del lado mexicano? La respuesta a esta pregunta definirá el legado tanto de Sheinbaum como de Trump en uno de los conflictos más asimétricos y prolongados del continente. Esto apenas inicia.