Los derechos de las víctimas: un compromiso irrenunciable desde la fiscalía
En el sistema de justicia penal, las víctimas de delito ocupan el lugar central y la razón de ser de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La fiscalía ha asumido un compromiso más firme y claro con la protección, la dignidad y la participación efectiva de quienes han sufrido un daño como consecuencia de un acto delictivo. Desde nuestra posición institucional, reafirmamos que la atención a las víctimas no es un acto potestativo, sino una obligación jurídica y ética.
Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas implica transformar la cultura institucional. Ya no basta con perseguir a los responsables; debemos también acompañar a quienes han sido vulnerados en su integridad física, emocional o patrimonial. La FGJE, como garante de la legalidad y procuradora de la justicia, tiene el deber de equilibrar la balanza y asegurar que la voz de la víctima sea escuchada, respetada y valorada.
Uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de las víctimas es el derecho a la verdad. Las víctimas tienen derecho a saber qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y cuál fue su grado de participación. Este derecho se materializa con una investigación objetiva, diligente y eficaz por parte de los Fiscales del Ministerio Público (MP). No hay justicia plena sin el esclarecimiento de los hechos.
El derecho a la justicia, por su parte, implica que el proceso penal no debe revictimizar ni invisibilizar a quienes denuncian.
La fiscalía debe asegurarse de que las víctimas sean tratadas con respeto, con perspectiva de género, de infancia, interculturalidad o discapacidad, cuando corresponda, y que tengan acceso real a los mecanismos institucionales. Esto incluye garantizar la seguridad, evitar represalias, ofrecer acompañamiento psicosocial y proporcionar información clara y oportuna durante todo el proceso.
La reparación del daño es un componente indispensable. No basta con sancionar al agresor; es deber del Estado, a través de sus instituciones, restituir hasta donde sea posible la situación de la víctima y reconocer el sufrimiento causado.
La reparación implica medidas concretas: compensaciones, garantías de no repetición y de satisfacción, así como programas de rehabilitación, entre otras.
Uno de los avances más relevantes en materia de derechos de las víctimas es su participación activa en el proceso penal. Las víctimas son sujetos procesales con garantías específicas. Tienen derecho a ser informadas del estado del proceso, a aportar pruebas, a manifestar su opinión en etapas clave y, en ciertos casos, a impugnar resoluciones que les afecten.
Desde la FGJE trabajamos para que estos derechos no sean meramente formales. Esto significa capacitar a nuestro personal, construir canales de comunicación eficientes, diseñar espacios de atención con calidez y profesionalismo. Cada víctima debe saber que no está sola y que su participación puede ser determinante para alcanzar justicia.
La no revictimización es uno de los principios más importantes que deben guiar nuestra labor. Cada vez que una víctima es obligada a contar su historia múltiples veces, cada vez que no se respeta su privacidad o se le somete a tratos insensibles, se profundiza su dolor.
Por ello, desde la FGJE impulsamos prácticas que eviten este fenómeno, como la atención especializada, la protección de datos personales y los protocolos adecuados para la toma de entrevistas.
La revictimización no solo hiere a la persona afectada, también erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para combatirla, se requiere una transformación cultural dentro de las fiscalías, una profesionalización constante y una visión centrada en la dignidad humana.
Los derechos de las víctimas no son estáticos, evolucionan conforme la sociedad avanza en su comprensión de la justicia y la reparación. Estamos obligados a construir una institución sensible, eficiente y humana, que coloque a las víctimas en el centro de su quehacer.
Esto incluye fortalecer las unidades de atención a víctimas, promover una justicia con enfoque restaurativo, colaborar estrechamente con organismos de derechos humanos y organizaciones civiles, así como adoptar tecnologías que faciliten el acceso y el seguimiento de los casos.
Las víctimas no eligen estar en el centro del proceso penal. Llegan a él por circunstancias dolorosas, buscando respuestas y consuelo. Como fiscalía, debemos ser una institución que no solo persigue el delito, sino que abraza la causa de la justicia integral. Esto significa escuchar, proteger, reparar y dignificar.
Nuestra misión es clara: garantizar que ninguna víctima quede en el olvido. Porque sin justicia para las víctimas, no hay justicia verdadera.
*Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
**Fiscal Especializado de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.