Una de las claves para entender la inseguridad es escuchar directamente a la comunidad. Esto significa ir más allá de las estadísticas frías y dialogar con los habitantes de cada barrio, especialmente jóvenes y mujeres, para comprender las múltiples dimensiones de la violencia que afectan su dignidad. Experiencias en Honduras, Colombia, demuestran cómo la participación ciudadana activa contribuye a la atención del delito
Estimadas y estimados lectores zacatecanos, en esta columna continuamos explorando los pilares que sustentan el nuevo rostro social y territorial de nuestra Fiscalía General de Justicia. No se trata de ocurrencias ni de modas, sino de una profunda convicción, respaldada por la experiencia internacional, de que la prevención del delito no es solo una estrategia, sino una filosofía de vida para una sociedad más segura y justa.
La implementación de estas políticas es el verdadero campo de batalla, donde las ideas se transforman en acciones concretas. Y créanme, la experiencia de otros países, que hemos estudiado con lupa, nos da valiosas lecciones sobre cómo hacerlo, y cómo no hacerlo.
La primera y más fundamental lección es que la prevención efectiva se gesta y se materializa en el ámbito local, allí donde la delincuencia golpea con mayor fuerza. Como bien lo señalan las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, las autoridades locales y las comunidades tienen un papel crucial, siempre con el apoyo de estrategias nacionales sólidas.
¿Por qué es esto tan vital? Porque la violencia se manifiesta de forma muy específica en cada colonia, en cada comunidad. No podemos aplicar una “receta mágica” genérica; debemos adaptar cada programa a las condiciones, necesidades y restricciones de nuestro Zacatecas, a la cultura local y a las capacidades de nuestra gente.
Esto implica, como lo hemos reiterado, “escuchar la voz de la comunidad”, trabajar “desde abajo”. Las experiencias de Honduras y Colombia, por ejemplo, demuestran que es el conocimiento derivado de la vivencia diaria de la violencia lo que puede ofrecer un diagnóstico acertado y guiar las propuestas.
Es ir a los barrios, a las colonias más vulnerables, no solo a recabar datos fríos, sino a dialogar, a co-construir el conocimiento y las soluciones con quienes desafortunadamente son más vulnerables a las violencias.
La gente, especialmente la juventud en riesgo y las mujeres, debe ser participante activa y no solo objeto de las políticas. Filipinas, por ejemplo, ha demostrado cómo un “Sistema de Vigilancia Ciudadana” basado en la confianza y el “poder del pueblo” puede compensar la falta de recursos institucionales.
No nos engañemos, esto no es trabajo fácil. Requiere de un liderazgo decidido y una fuerte voluntad política. El líder local, ya sea nuestro gobernador, nuestro fiscal, o los presidentes municipales, debe ser un “puente” e “intérprete” entre el Estado y la comunidad, adaptando el lenguaje y las políticas a la realidad de la gente.
La figura de Antanas Mockus en Bogotá es un claro ejemplo de cómo un líder puede transformar la seguridad ciudadana con mecanismos reconocibles para todos.
Pero un líder no basta. La experiencia internacional nos enseña la importancia de la coordinación interinstitucional y multisectorial. No solo la policía y la fiscalía, sino los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, y hasta los centros de autoridad moral, deben trabajar de la mano.
En Bélgica, por ejemplo, los “contratos de seguridad y prevención” entre municipios y el gobierno federal han demostrado la importancia de la participación activa de la comunidad y un diagnóstico preliminar de seguridad. En Inglaterra y Gales, los programas integrados de prevención de la delincuencia juvenil muestran cómo la colaboración multiorganizacional es crucial.
Un gran desafío es la sostenibilidad de los programas más allá de su fase piloto o de los cambios de gobierno. Esto requiere inversión y planificación a largo plazo, no solo enfocarse en resultados inmediatos.
La experiencia chilena con el programa ¡Comuna Segura!, nos recordó la necesidad de rediseñar programas para hacerlos más flexibles y adaptables localmente, fomentando la sostenibilidad y una mayor participación comunitaria.
Y para asegurar esa sostenibilidad, la evaluación y el monitoreo son herramientas fundamentales. No se trata de una sofisticación metodológica, sino de una necesidad práctica para saber “qué funciona, con quién y por qué”.
Necesitamos indicadores claros, no solo de criminalidad, sino de la calidad de vida, de la confianza, de la percepción de seguridad. Es crucial recopilar información de diversas fuentes, no solo de estadísticas policiales, sino de encuestas de victimización y percepciones ciudadanas.
Esta evaluación debe ser continua y adaptada al contexto local. Sudáfrica, con su “Local Crime Prevention Tool-Kit”, y UN-HABITAT con su programa “Ciudades Más Seguras”, son ejemplos de herramientas desarrolladas para guiar y ayudar a los gobiernos locales en esta tarea.
El camino hacia la prevención efectiva es un trabajo de orfebre, detallado, constante y, sobre todo, profundamente humano. Nuestra Fiscalía está comprometida con este enfoque, porque sabemos que un Zacatecas más seguro se construye día a día, con la participación de todos y desde cada rincón de nuestro estado.
* Director General de Desarrollo y Evaluación
**Columna Colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
COLUMNA: JUSTICIA ABIERTA**
TÍTULO: Visión ex ante al delito: La apuesta social de la Fiscalía
AUTOR: Armando García Neri*