Nuevamente “el debido proceso”
Hace algunos años, en este mismo espacio, se hablaba sobre el caso de Florence Cassez y el debido proceso.
Ahora, a casi 20 años de que se diera aquella detención y a 12 años de la liberación de la ciudadana francesa, una jueza de distrito ordena la inmediata liberación de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con la ciudadana francesa, pero su proceso fue diferente, aunque no por ello más justo o más apegado a la norma.
Antes que nada, debemos señalar que el sistema jurídico mexicano, que reconoce y ratifica tratados internacionales en materia de derechos humanos, establece que la justicia debe ser pronta, expedita, impartida por un juez o tribunal competente, imparcial, establecido con antelación para garantizar los derechos de todas y de todos los ciudadanos.
Ahora bien, a pesar de haber sido detenidos en las mismas fechas, el proceso judicial de la ciudadana francesa y el del ciudadano mexicano no siguieron caminos ni siquiera similares.
Ambos fueron detenidos en diciembre de 2005, pero Florence fue sentenciada en 2007, mientas que en el caso de Vallarta, en julio de 2025 no había sentencia aún en su expediente.
Florence fue puesta en libertad por violaciones al debido proceso, a través de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2013, no fue declarada inocente, solamente se determinó que las violaciones al debido proceso generaban dudas sobre la evidencia presentada en el caso, por lo que era imposible determinar con certeza la culpabilidad.
En aquel momento, esa resolución solo benefició a la ciudadana francesa, pero nada se habló del mexicano que se encontraba detenido por esos mismos hechos y en las mismas circunstancias que ella.
Ahora, a 20 años de aquella mediática y actuada detención, obtiene su libertad Israel Vallarta, sin haber obtenido nunca una sentencia, y se ordena su inmediata liberación basándose en la imposibilidad de determinar la culpabilidad por todas las violaciones al debido proceso, así como por la contaminación de las pruebas por el actuar de las autoridades.
Una vez más, en México, no sabremos si alguien es culpable o inocente, no por el actuar de la persona en sí, sino por el mal desempeño de las autoridades de procuración de justicia o de las fiscalías que, al no cumplir con sus funciones como está establecido en la normatividad, generan procesos viciados, violaciones al debido proceso que restan certeza y credibilidad a su actuar.
No se trata solo de reformar al Poder Judicial o de llevar a cabo elecciones democráticas para jueces, si no fortalecemos el sistema de procuración de justicia, las investigaciones, profesionalización de las fiscalías, mayores recursos y por qué no decirlo, mejores salarios, una buena estrategia de combate a la corrupción.
No olvidemos que Israel Vallarta no es el único que permanecía detenido por esos hechos, todavía hay personas en prisión, sin sentencia, derivado de los mismos acontecimientos y, tarde o temprano, las mismas violaciones al debido proceso y el mismo efecto corruptor de las pruebas tendrán las consecuencias que ya en dos ocasiones hemos visto en el presente caso.