Ecos del ADN
La identificación de personas fallecidas constituye un proceso esencial e indisolublemente ligado a la justicia, la seguridad y la investigación de desapariciones en el país. En 2024, este esfuerzo se fortaleció significativamente cuando el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) donó 300 escáneres de huellas dactilares al Estado Mexicano, beneficiando a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas. Esta donación propició el uso de tecnología biométrica avanzada, permitiendo que las características físicas únicas de las huellas dactilares recolectadas en personas fallecidas no identificadas sean cotejadas con bases de datos especializadas para establecer una identidad científica.
En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) desempeña un rol fundamental, ya que cuenta con una base de datos alimentada por la propia ciudadanía que permite comparar y verificar identidades de manera confiable. Es aquí donde una herramienta creada originalmente para fines electorales logra trascender su función primaria, aportando rapidez, precisión, seguridad y certeza al proceso de identificación humana. Sin embargo, la obtención de una identidad por sí sola no es suficiente si no se acompaña de una gestión sensible de la información; por ello, es imperativo difundir los datos obtenidos bajo principios de dignidad y sensibilidad, compartiendo únicamente lo esencial para lograr una restitución digna y respetando la obligación de quien tutela dicha información.
Para que este sistema sea efectivo, resulta vital contar con una coordinación interinstitucional que garantice la búsqueda de familiares y brinde apoyo interdisciplinario en cualquier parte del país al momento de realizar una notificación. Todo este proceso se encuentra tutelado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo Homologado de Búsqueda, instrumentos cuyo objetivo principal es reunir a las personas fallecidas con sus familias. Al lograr la identificación, no solo se erradica la impunidad y se garantiza la justicia, sino que se construye una verdad histórica que garantiza, sin duda alguna, el derecho a la verdad para las víctimas y sus seres queridos.
Finalmente, surge la propuesta de prever desde la emisión de la credencial para votar que el titular otorgue su consentimiento para que sus datos biométricos sean utilizados con fines de identificación. Esta medida no solo sería eficaz para los casos de fallecimiento, sino también para identificar de manera fiable a personas en situación de calle que han perdido contacto con su identidad, permitiendo que la tecnología cumpla su propósito más noble: ayudar a que todos puedan regresar a casa.
*Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares
**Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)