En el debate público solemos caer en una trampa cómoda pero estéril: la de juzgar el pasado con el peaje de la militancia. O se aplaude todo lo que hizo la administración anterior o se condena sin matices. Pero reducir la discusión energética a un juicio sobre los gobiernos de la Cuarta Transformación o a una defensa acérrima de los modelos previos no nos lleva a ningún lado.
Al contrario, nos ancla en una grieta que nos impide construir acuerdos para enfrentar lo que ya está aquí: una crisis energética global que en pocos años podría dejarnos regiones enteras a oscuras y a pie.
Para avanzar se requiere un acto de honestidad intelectual. Y eso implica reconocer errores estructurales que vienen de lejos. Durante décadas, la consigna fue que no tenía sentido refinar petróleo en México si resultaba más barato vender crudo y comprar gasolina en el extranjero.
Con ese criterio, se dejaron las refinerías de Pemex a merced del deterioro, se desmanteló la capacidad de proceso y el país se convirtió en importador de energéticos. No se trata de buscar culpables, sino de entender que esa decisión —tomada en distintos momentos por distintos gobiernos— nos dejó vulnerables.
Hoy, todavía hay voces que cuestionan la viabilidad de reconstruir Pemex. Parecen no ver el panorama global: la demanda de energía se dispara, las tensiones geopolíticas amenazan las cadenas de suministro y los precios del gas natural se han vuelto un arma de presión. En ese contexto, Pemex no es la mejor ni la peor opción: es la única.
El dilema energético que enfrentamos es más complejo de lo que parece a simple vista. México es el décimo país más poblado del mundo y su consumo de gas pasó de 3 mil millones de pies cúbicos diarios en 1997 a 9 mil millones en 2024.
Pero la producción nacional ha caído de 3 mil 200 millones a solo 2 mil 300 millones. El déficit —7 mil millones diarios— lo cubrimos con importaciones, principalmente de Estados Unidos. De ese total, 75 por ciento del gas que usamos viene de allá, y 80 por ciento de ese volumen se obtiene mediante una técnica que en México sigue siendo motivo de controversia: el fracking o fracturamiento hidráulico.
El costo diario de esa dependencia ronda los 130 mil millones de pesos al año. Pero el problema no es sólo económico. En febrero de 2021, Texas cerró el suministro por tres días y medio. Las pérdidas alcanzaron los 130 mil millones de pesos. Ese es el chantaje energético silencioso que enfrentamos.
México tiene 83 billones de pies cúbicos en campos convencionales, pero posee enormes reservas no convencionales en cuencas como Sabinas, Burgos y Tampico-Misantla. Para extraerlas se requiere fracturamiento hidráulico. La discusión, entonces, no es si nos gusta o no la técnica.
Esa misma técnica ya la usan nuestros vecinos para vendernos el gas. Decir “no al fracking” sin ofrecer alternativas viables nos da una victoria moral ecológica que lamentablemente no resuelve el apagón.
Quienes han estudiado el tema recuerdan la crisis petrolera de los años 70 en Europa: racionamiento, transporte a caballo, fábricas cerradas. Sin gas se paralizan hospitales, industrias y hogares. La presidenta ha propuesto una consulta informada y un comité de expertos. Ese es el camino: decisión con cabeza fría, no con eslóganes.
El dilema es nacional, no ideológico. Podemos seguir comprando gas a quien lo obtiene con fracturamiento, con el riesgo de que un día cierren la llave. O podemos explorar nuestros propios yacimientos, con todas las implicaciones ambientales que eso conlleva. Pero negarse a elegir es también una elección: la de la dependencia perpetua.
No se trata de satanizar el pasado ni de darle la razón a un rival político. Se trata de mirar a las generaciones que vienen y aceptar que la soberanía energética no es un lujo, sino una necesidad cruda, incómoda y urgente.