FRESNILLO. Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico El Frente, arremetió contra la reforma laboral y las restricciones que establece al reparto de utilidades entre los trabajadores, pues el pago de este beneficio tendría como límite 90 días de salario o el promedio recibido en los últimos tres años; es decir, una reducción significativa de los montos en distintos centros laborales.
En un posicionamiento difundido en redes sociales durante El Día del Trabajo, aseguró que el reparto de utilidades no proviene del gobierno, sino de las ganancias generadas por las empresas, por lo que cuestionó la decisión de restringir ese derecho laboral.
Recordó que este beneficio fue conquistado tras años de lucha sindical, incluso con episodios de represión, violencia y pérdidas humanas; por lo que responsabilizó a diputados y senadores que aprobaron la modificación al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.
“Votaron en contra de los intereses de los trabajadores y actuaron con cinismo. Aseguran defender al obrero, pero redujeron un ingreso que resulta fundamental para muchas familias”, puntualizó.
Asimismo, aseguró que actualmente los trabajadores enfrentan un contexto de encarecimiento general, deficiencias en servicios médicos en Fresnillo y la pérdida de prestaciones laborales, por lo que consideró que el Día del Trabajo encuentra a muchos mineros en condiciones de pobreza laboral.
ENGAÑOS
En ese contexto, Pavón Campos arremetió contra Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de engañar a los trabajadores al prometer mayores utilidades tras la reforma.
“En algunas secciones sindicales donde tiene presencia [Gómez Urrutia] les aseguró a los trabajadores que recibirían hasta 400 mil pesos, pero no ocurrió”, destacó.
Aseguró que las decisiones de Gómez Urrutia generaron graves conflictos en las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete, donde afirmó que hubo huelgas prolongadas sin resultados favorables para los obreros.
Ane ello, lanzó un reto público al senador para debatir abiertamente sobre el tema de las utilidades y la representación sindical, al asegurar que cuenta con documentos públicos para sustentar sus señalamientos.