En la capital, Fresnillo y Río Grande se detectaron casos de extorsión contra taxistas, pues presuntos integrantes de grupos delictivos exigen cuotas semanales de 500 pesos a operadores y concesionarios para permitirles trabajar; por miedo, los afectados no han presentado denuncias formales, reveló el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo.
Puntualizó que la situación ya fue reportada a la Secretaría General de Gobierno y a instituciones de seguridad pública para diseñar una estrategia de contención.
“Es un tema delicado y complejo, ya lo estamos atendiendo, porque si no se frena se puede extender”, enfatizó Reyes Romo, al afirmar que el modo en que operan los extorsionadores es similar en las tres demarcaciones.
Explicó que los sujetos se trasladan en camionetas y se acercan a los trabajadores del volante, a quienes amenazan y después les exigen pagos semanales para dejarlos trabajar, además de pedirles mantenerse en constante comunicación.
En la capital zacatecana el problema tiene poco más de un mes, mientras que en Río Grande y en Fresnillo apenas un par de semanas, pero los afectados no han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes. “El problema es que se les pide que denuncien, pero no quieren hacerlo por miedo”, advirtió.
Aunque hasta el momento no se han reportado daños físicos o afectaciones materiales contra los que se nieguen a pagar, Reyes Romo reconoció que sí existen amenazas directas contra los operadores y sus familias, lo que generó temor entre el gremio.
“Hay miedo de denunciar porque los tienen identificados, los operadores sienten temor de que pueda pasarles algo a ellos o a sus familias”, enfatizó.
Precisó que las extorsiones únicamente se han detectado en taxis y no en rutas urbanas. Además, confirmó que las cantidades exigidas son similares en los tres municipios en mención.
ALISTAN PLAN DE CONTENCIÓN
Ante esta problemática, Javier Reyes anunció que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y autoridades de seguridad sostendrán una reunión para delinear mecanismos de reacción y protección para los trabajadores del transporte público.
Entre las medidas que se analizan se encuentra la coordinación con corporaciones de seguridad y posibles mecanismos de atención inmediata, ante la negativa de los afectados de presentar denuncias formales por temor a represalias.