ZACATECAS. La suspensión provisional del aumento del pasaje fue negada por la juez federal durante la admisión del amparo, informó el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, al tiempo que aseguró que este recurso legal no refleja un rechazo generalizado al ajuste de la tarifa, pues únicamente fueron recabadas tres firmas para respaldarlo.
“Realmente no habíamos sentido nosotros este reclamo ni tampoco las quejas; a lo mejor individualmente sí, pero no habíamos visto realmente ese rechazo”, puntualizó.
Explicó que la Subsecretaría a su cargo y la Secretaría General de Gobierno ya respondieron al requerimiento del juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación dentro del plazo establecido; sin embargo, destacó, el proceso podría extenderse durante varios meses, descartando que exista una resolución inmediata.
ARGUMENTOS PARA EL AUMENTO
Reyes Romo reconoció que el incremento en el precio del diésel fue uno de los principales argumentos utilizados por los concesionarios para solicitar el aumento en la tarifa del transporte público.
Precisó que, además, los costos de operación de las unidades incrementaron, lo que impactó directamente en las finanzas del sector transportista.
No obstante, admitió que el ajuste a la tarifa no resuelve por completo la situación económica de los concesionarios, pero sí representa un “respiro” para mantener la operación de las rutas urbanas.
LIMPIA DEL PARQUE VEHICULAR
El funcionario estatal informó que actualmente se realiza una revisión ruta por ruta para retirar de circulación aquellas unidades que representen un riesgo para los usuarios.
“Las unidades que de plano son un riesgo para la ciudadanía sí las estamos sacando; hasta este momento llevamos cuatro retiradas”, puntualizó.
Asimismo, reconoció que cerca del 90 por ciento del parque vehicular no reúne las condiciones óptimas para prestar el servicio, aunque afirmó que se busca actuar de manera gradual para no afectar la movilidad de la población.
Aunado a ello, Reyes Romo anunció el inicio de un proceso de regularización, luego de detectar que más del 60 por ciento de las concesiones del transporte público urbano presentan irregularidades.
Precisó que actualmente existen alrededor de 290 concesiones activas y aproximadamente 210 inactivas; estas últimas, dijo, permanecerán fuera del proceso de regularización y podrían entrar en un procedimiento de cancelación, sujeto a valoración del Ejecutivo estatal.