ZACATECAS. Este 19 de junio de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Zacatecas emitió una sentencia absolutoria en favor de Sandra Arana Aguilar, mujer sobreviviente de tortura sexual, quien ha estado seis años privada de la libertad por un delito que no cometió.
En el fallo, expuesto por el juez Adrián Rodríguez Rodríguez se concluyó que se acreditaron nueve violaciones a los derechos humanos de Sandra, entre las que se encontraban su libertad e integridad.
En la sentencia se expuso que las principales pruebas en contra de Sandra fueron obtenidas mediante tortura y tortura sexual en el momento de su detención y posterior retención arbitraria por parte de policías ministeriales del Estado de Tlaxacala, por lo que el juez determinó su exclusión del juicio y de cualquier otro proceso en contra de ella.
El Tribunal reconoció que dichas violaciones a los derechos humanos generaron un efecto corruptor sobre el resto de pruebas recabadas por la Fiscalía.
Además, en su resolución, el órgano jurisdiccional destacó que se trata del caso más grave que les ha correspondido conocer dentro del sistema penal acusatorio. En ese contexto, el Juez Rodríguez Rodríguez Sandpor destacó que Sandra había estado 2120 días privada de su libertad.
La resolución resulta relevante porque las pruebas excluidas por haber sido obtenidas mediante violaciones a derechos humanos también fueron utilizadas en otras causas penales iniciadas en contra de Sandra. Por ello, el reconocimiento judicial de que dichas pruebas fueron obtenidas de manera ilícita implica que no deberían ser valoradas ni tomadas en cuenta dentro de esos otros procesos penales, al encontrarse afectadas por las mismas violaciones a derechos humanos acreditadas por el Tribunal.
Sin embargo, el caso de Sandra aún no está concluído pues aunque se absolvió de esta acusación aún existe una causa diversa abierta en su contra que será resuelta el próximo jueves 25 de junio a las 09:00 ante un Juzgado de Control del Distrito Judicial de Zacatecas, el cual deberá de considerar lo resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas con relación a la exclusión de pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos.
Sobre Sandra Arana Aguilar
Sandra Arana Aguilar es una mujer, médica cirujana, de 39 años, originaria de Tlaxcala. El 25 de agosto de 2020, fue detenida de manera arbitraria en la entidad, mientras viajaba en su vehículo con su entonces pareja, por personas armadas vestidas de civil, sin identificarse y sin orden de aprehensión.
Posteriormente, Sandra supo que eran elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Durante su detención, los elementos aprehensores la obligaron a subir al asiento trasero de su vehículo donde la amenazaron con matarla, le quitaron sus pertenencias, la golpearon y la cubrieron para que no viera a dónde iba a ser trasladada.
Luego fue llevada a un baño donde varios hombres ejercieron actos de tortura y tortura sexual contra ella. A Sandra se le inició un proceso penal en Tlaxcala por extorsión, mismo que se le permitió llevar en libertad. Sin embargo, en el momento de su liberación condicional fue detenida de nuevo, debido a una orden de aprehensión librada en su contra por el delito de secuestro agravado, por un Juez de Control de Zacatecas, y fue trasladada a esa entidad federativa.
Desde el 2 de septiembre de 2020, Sandra fue privada de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, bajo la causa penal 731/2020 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Zacatecas, sin sentencia.
Y pese a no contar con pruebas suficientes que la señalen de haber participado en el delito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solicitó la pena máxima de 90 años de prisión. En junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas emitieron un dictámen médico y psicológico con base en el Protocolo de Estambul, en el que se determinó que sí existe fundamentación que permite afirmar que Sandra sufrió tortura, efectuada por los elementos de policía de investigación de Tlaxcala.
En noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, en la se acreditan las graves violaciones a derechos humanos contra Sandra durante su detención. En mayo de 2025, el proceso penal por el delito de extorsión en Tlaxcala fue concluido al no encontrar pruebas en su contra.
El 28 de mayo de este año inició el juicio oral contra Sandra. En dicho juicio, la defensa evidenció la falta de pruebas en contra de Sandra y que aquellas con las que la Fiscalía busca relacionarla –por ejemplo, con el uso de un dispositivo móvil que, por un lado, no le pertenece y por el otro, fue asegurado en el marco de la detención arbitraria y tortura a la que ella y su ex pareja fueron sujetos– no son suficientes.
Su familia, sus defensores y organizaciones civiles celebramos la decisión del Poder Judicial del Estado de Zacatecas que envía un mensaje de justicia a otras sobrevivientes de tortura y tortura sexual, como Sandra, que siguen luchando por su libertad.
El caso de tortura y tortura sexual contra Sandra no es un hecho aislado; de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México los actos de tortura de naturaleza sexual son cometidos por personas servidoras públicas con la finalidad de degradar o dañar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, atentando en contra de su voluntad, libertad, dignidad e integridad física, entre ellos la “desnudez forzada” y “tocamientos”.
Según el mismo documento, el 79.3% de las mujeres entrevistadas señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado al Ministerio Público, estancia en el Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en el centro penitenciario.
Mientras que el 32.19% del total de esas mujeres refirió haber sufrido tortura sexual en al menos alguna de esas etapas. El Diagnóstico también revela que la autoridad más señalada en la comisión de tortura y tortura sexual durante la etapa de arresto y traslado al Ministerio Público fue la Policía de Investigación (en el 39.68% de los casos).
Similar a lo documentado en el Registro Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), que refiere que a nivel estatal los presuntos responsables registrados en expedientes abiertos pertenecen principalmente a la Policía Ministerial (con 1,394 expedientes).
De acuerdo con el Diagnóstico, la entidad federativa con mayor tasa de denuncias por tortura sexual por cada cien mil mujereses Tlaxcala, con 4.5, por lo que una resolución adecuada en el caso de Sandra que permita su libertad enviaría un mensaje relevante para la erradicación de esta práctica en la entidad y en el país.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, en México el 23.9% de mujeres fueron sentenciadas por el delito de secuestro, frente al 11.7% de hombres. Además, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario (CNSIPEF) de 2024 reveló que el secuestro es el delito más frecuente por el que están acusadas mujeres sin sentencia con un 52.4%.
