ZACATECAS. Tras su destitución del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), 43 trabajadoras sociales emprenderán acciones. “Vamos a acudir a las instancias legales, porque es un despido injustificado, nunca nos dijeron nada”, aseveró Ma. Elena Trejo Medina, quien desde hace 18 años se desempeñaba como analista especializada en la delegación Zacatecas.
Reprochó que cuando se modificó al Poder Judicial de la Federación (PJF) les aseguraron que no afectaría a los trabajadores; sin embargo, lamentó que fueron despedidos y consideró que están en una incertidumbre total, pues “se dice” que serán suprimidas 300 plazas más por recorte presupuestal, aun y cuando hay personal que estaba a poco tiempo de jubilarse.
Aunado a ello, dijo, su finiquito lo recibirán dentro de dos meses y posteriormente podrán retirar sus ahorros; sin embargo, en este periodo no tendrán ninguna percepción.
“Cómo es posible que la casa, que según eso imparte justicia y que está para defender a la población más vulnerable, a nosotros prácticamente no nos está defendiendo”, cuestionó Trejo Medina.
AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN
La afectada relató que de “la noche a la mañana” fueron notificados sobre su baja. “El día de ayer [martes] alrededor de las 2:30 de la tarde me hicieron entrega de mi oficio donde la directora general de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Laura Sandra Hasbach Melchor, expone:
“Le comunico que su titular ha determinado la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza de Analista Especializada del OAJ”.
Elena Trejo consideró que con la eliminación de dichas plazas se afecta también a la población, pues como analistas especializadas se dedicaban principalmente a emitir dictámenes en trabajo social, solicitados tanto por jurídicos como por defensores públicos federales, con el objetivo de que se conozcan las condiciones de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y de otros casos.
También eran las encargadas de todas las actividades de difusión, para que la población conozca los servicios del IFDP y que en caso de necesitarlo tengan acceso a ellos. Con ese propósito, explicó, se organizaban brigadas, se acudían a hospitales, plazas, entre otros espacios porque mucha gente desconoce sobre las acciones.
SE SOLIDARIZAN
Renovación Sindical del PJF expresó su preocupación por el despido de las 43 trabajadoras sociales, pues a pesar de que su labor es pocas veces visible “resulta indispensable para que la defensa pública cumpla verdaderamente su función constitucional.
“[Lo anterior, ya que] sus estudios socioeconómicos, diagnósticos familiares y valoraciones permiten comprender el contexto de cada persona y aportan elementos fundamentales para que la defensa jurídica no se limite a un expediente, sino que considere la realidad humana de quienes enfrentan un proceso judicial”.
De igual forma, la Red Estatal de Trabajo Social de Zacatecas condenó la medida administrativa que vulnera la estabilidad laboral de las y los profesionales del Trabajo Social, sobre todo cuando impactó a mujeres que durante años han dedicado su conocimiento, compromiso y vocación al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad.
Por ello llamaron a las autoridades para revisar la situación, privilegiar el diálogo institucional y garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras sociales afectadas.