FRESNILLO. Edith Arellano Sotelo fue nombrada como titular de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas, tras la denuncia presentada este viernes por el Colegio de Abogacía José González Echevarría por la falta de dicho nombramiento.
Esta asignación pone fin a ocho meses de ausencia de una autoridad responsable, pero también representa el reto de atender el rezago de miles de procedimientos relacionados con la regularización de tierras, advirtió Rodolfo Cid Ruvalcaba, presidente del Colegio de Abogacía José González Echevarría.
Explicó que, con la designación de la nueva funcionaria, el amparo promovido por el colegio contra la omisión del gobernador David Monreal Ávila para nombrar a un titular quedaría sin materia, debido a que la violación señalada, relacionada con el derecho de acceso a la justicia, habría sido subsanada.
Cid Ruvalcaba consideró que el nombramiento fue resultado de un conjunto de acciones emprendidas por el colegio, entre ellas la presentación del amparo, solicitudes de exhorto ante la Legislatura y una queja ante la Secretaría de la Función Pública. A estas acciones, agregó, se sumaron la cobertura de los medios de comunicación y la presión social para visibilizar la problemática.
Señaló que, durante los ocho meses en que la dependencia permaneció sin titular, los ciudadanos continuaron presentando documentos y promociones; sin embargo, los procedimientos no podían avanzar debido a la falta de una autoridad facultada para autorizar y resolver las actuaciones.
“Todos los procedimientos”, afirmó, resultaron afectados, debido a que la Dirección de Fraccionamientos Rurales atiende trámites administrativos para la regularización de tierras, juicios sucesorios, procedimientos de vacancia y otros asuntos relacionados con predios sujetos a este régimen.
El presidente del colegio advirtió que el nombramiento, por sí solo, no resolverá el problema si la nueva titular no cuenta con suficiente personal y recursos materiales para atender el rezago.
Recordó que anteriormente incluso trámites sencillos, como la solicitud de copias, podían tardar hasta dos meses, mientras que otros procedimientos se prolongaban entre tres y cuatro meses.
