CDMX. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, encabezó una operación para ocultar videograbaciones que podían aportar información sobre el paradero de los estudiantes.
La Fiscal General, Ernestina Godoy, informó que, tras un nuevo análisis de la investigación, la dependencia reunió elementos para sostener que el ex mandatario estatal habría participado en la destrucción y ocultamiento de evidencia relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
«La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel», dijo en un mensaje subido a sus redes sociales.
Como resultado de esas indagatorias, detalló, un juez libró una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada este miércoles en el Estado de México.
Godoy sostuvo que las nuevas líneas de investigación permitieron acreditar que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, cuando era detenido por policías municipales y estatales.
Recordó que, en la investigación original, las autoridades afirmaron que esas grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas del sistema, versión que, dijo, fue desmentida por diligencias posteriores.
La Fiscal explicó que en enero de este año, una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y que fueron sustraídas para entregarlas directamente al entonces gobernador, además de señalar que había permanecido en silencio por amenazas.
Añadió que un segundo testigo protegido, en mayo pasado, declaró que Aguirre ordenó en una reunión con altos funcionarios de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
«La investigación permite sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal», afirmó.
Godoy aseguró que las familias de los 43 estudiantes han sido informadas de los avances conforme lo permite el debido proceso y que la investigación continuará hasta esclarecer el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades a todos los involucrados.
Rolando Herrera
Agencia Reforma