QUIEN TRAICIONA UNA VEZ…
El diputado federal Carlos Puente se refirió a él como “titerillo”. Y le lanzó dos advertencias: una, que en la mesa nacional y desde lo legal buscarán tumbar su reforma a las pluris; y dos, que para los todavía aliados el diputado local morenista “queda muerto y totalmente descartado” en sus aspiraciones electorales. Santos González, quien ya había hecho enfurecer a un grupo político por una ley que ya se corrigió, aquella de obligar a renunciar a funcionarios aspirantes, presume respaldo de la gobernanza. Pero la ley que hizo para repartir seis diputaciones a candidatos perdedores, aunque sean locales, trastocó intereses nacionales. Los venenosos anticipan que desde Ciudad de México ya promueven una mesa entre las cúpulas de Morena y PVEM con el gobernador David Monreal, con la intención de que se vete esa ley, se corrija o cualquier otra cosa que impida que entre en vigor. Por lo pronto, el Verde ya expulsó a sus tres diputados: José Luis González, Fernanda Miranda y Lyndiana Bugarín, quien era la coordinadora y pierde su lugar en la Junta de Coordinación Política.
¿SOBORNARON A MIGUEL?
Siguen las investigaciones contra el ex gobernador priísta Miguel Alonso, ahora con la línea de un supuesto soborno que habría recibido cuando fue diputado y gobernaba Amalia García. Hay documentos que evidencian la donación de un terreno de 105 metros cuadrados en el fraccionamiento SPAUAZ, que le dieron al ahora diputado federal en 2009. Rubén Vázquez, quien 15 años después sería inhabilitado nueve meses por un desvío en Obras Públicas, aprobó el contrato de donación como funcionario del entonces Consejo Promotor de la Vivienda. Y Samuel Herrera, quien gobernaba Guadalupe, certificó las firmas del contrato. Miguel Alonso, confirman académicos, nunca estuvo en el SPAUAZ, aunque su cuñado Pedro de León sí. En esas donaciones de predios que hizo gobierno, hay una que recibió Raymundo Cárdenas, cuya propiedad se la terminó vendiendo a Arturo Ortiz, ex líder del PRD.
ERNESTO CONTRA RADA
El secretario de la Función Pública, Ernesto González, soltó la bomba contra el ex gobernador, pero no quiso hablar del programa de subsidios de vivienda que benefició a su director de Contrataciones, Mario Bañuelos; el jefe de Oficina del gobernador. Carlos Zúñiga, y la ahora exsecretaria de Educación, Gaby Pinedo, entre otros. Para no abordar el tema, Ernesto puso de pretexto un recurso para que se investigue el caso y que interpuso el abogado Jorge Rada, a quien se refirió como “Rata y Asociados”. Está obligado, asegura el titular de la SFP, a guardar la secrecía. Hace unos tres meses, Rada encaró a Ernesto. Le reclamó omisiones para darle curso a denuncias ciudadanas. En aquella ocasión, el titular de la Función Pública se mostró dócil y mansito ante los reclamos.
CHOQUE CONTRA PANISTAS
Un pleito se está generando por un dictamen de la Comisión de Presupuesto para venderle un terreno, cerca del centro comercial Galerías, a grupo Paevi, representado por Adrián Moncada e Iván Ramírez. Los diputados panistas desconfían del acuerdo, pero los defensores del proyecto argumentan que el proyecto de hospital, para el que quieren el predio, generaría una inversión de 1 mil 300 millones de pesos en una primera etapa. Los venenosos de Morena no bajan de bárbaro al diputado Chuy Badillo. Dicen que no entienden cómo el pelirrojo se opone, junto con los otros panistas que han amagado con abandonar el pleno si se toca el punto. El terreno de 6 mil 500 metros cuadrados lo pretenden vender en 25 millones de pesos. Desde el PAN cuestionan la premura y las facilidades para entregar el predio, además de que la justificación sea ampliar el acceso a los servicios de salud. ¿No que para eso era el IMSS Bienestar?, reviran los azules.
FUNCIONARIOS VIOLENTOS
No son pocas las quejas que ha recibido el alcalde de Calera, Miguel Murillo, por funcionarios de su gobierno que se portan mal. Algunos de ellos, especialmente de Obras Públicas, han mostrado agresiones verbales y otras conductas violentas, según reportes que tienen en el Órgano Interno de Control. ¿Y la policía? Pues resulta que hay acusaciones de que hasta se roban objetos al interior de los vehículos. El órgano interno, a cargo de Diego Fernando García, investiga también el caso de un accidente, presuntamente provocado por los encargados de hacer cumplir la ley en Calera.