ZACATECAS. Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, afirmó que los despojos inmobiliarios representan un problema multifactorial que no puede atribuirse únicamente a la actuación de los notarios, debido a que en algunos casos intervienen resoluciones judiciales, autoridades, contratos privados, registros públicos y posibles actos de suplantación de identidad.
Ante los casos en los que algunos notarios han sido relacionados con operaciones inmobiliarias cuestionables, afirmó que es necesario revisar el origen de cada procedimiento para determinar las responsabilidades de quienes intervienen en la cadena de actos jurídicos.
“Hay que entender varias cosas. El tema de los despojos y los fraudes inmobiliarios tiene muchas aristas. No son personas que actúan solas, y muchas veces al notario se le puede relacionar, pero él no es el generador o la persona que lo ideó”.
Por ejemplo, explicó, en un procedimiento judicial iniciado con un pagaré presuntamente falso, una persona podría perder el juicio, sufrir el embargo de su propiedad y ver cómo esta es rematada. Una vez que la autoridad emite la orden correspondiente, el notario interviene para formalizar jurídicamente el acto.
“Si un juicio se sustenta en un pagaré falso y el juez dictaminó que la persona pierde el bien, derivado de que con ese pagaré falso se pierde el juicio, se embarga el bien, se remata y luego se manda al notario para que haga la escritura, ¿dónde está la falla del notario?”, cuestionó.
No obstante, refirió que cuando un notario actúa de manera indebida y premeditada debe enfrentar las sanciones correspondientes, mientras que en aquellos casos en los que participa como parte de una cadena de actos derivados de una resolución de autoridad, es necesario determinar primero el alcance de su responsabilidad.
ALERTAS INMOBILIARIAS
En este contexto, Vargas Navarro consideró necesario fortalecer las herramientas de prevención, entre ellas las alertas inmobiliarias en los registros públicos de la propiedad, “mecanismo que en Zacatecas no está habilitado”.
Explicó que estos mecanismos permitirían que los propietarios reciban avisos mediante mensajes de texto, correo electrónico u otras plataformas cuando se registre algún movimiento relacionado con sus inmuebles.
No obstante, señaló que uno de los factores que complican la certeza jurídica son los inmuebles cuya situación registral no se encuentra regularizada.
Expuso que hay casos de personas que cuentan únicamente con contratos privados o documentos informales como respaldo de la posesión de un inmueble, mientras que en el Registro Público continúa apareciendo como propietario otra persona.
En este sentido, recordó que la legislación establece requisitos para transmitir formalmente la propiedad de un inmueble, entre ellos la escritura pública, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la inscripción correspondiente en el Registro Público.
Por ello, Ricardo Vargas llamó a quienes enfrentan este tipo de situaciones a acercarse a las notarías para recibir asesoría y buscar la regularización de sus propiedades.
agregó que debe investigarse la posible participación de autoridades o de organizaciones que intervienen en algunos casos de despojo, aunque insistió que para determinar responsabilidades es necesario conocer el origen de cada operación y reconstruir la cadena de actos que llevó a la pérdida o transmisión de un inmueble.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Otro de los problemas identificados es la suplantación de identidad. Ante ello, Vargas Navarro informó que el notariado nacional impulsa el uso de herramientas biométricas, incluido el reconocimiento facial, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad durante los trámites.
“Lo que estamos buscando nosotros del Notariado Nacional, para evitar todo tema de suplantaciones y demás, es que tengamos biométricos, igual que la banca, y estamos impulsando el biométrico facial, para que de alguna manera tengamos mayores estándares de seguridad”, explicó.
Mientras tanto, llamó a la población a adoptar medidas preventivas para proteger sus bienes y mantenerse atenta a cualquier movimiento registral relacionado con sus propiedades, además de recurrir a las autoridades correspondientes cuando detecten una operación que no hayan autorizado.