ZACATECAS. Un juez federal concedió una suspensión provisional que ordena al secretario de la Función Pública de Zacatecas, Ernesto González Romo, dejar de publicar los nombres de pensionados del Issstezac asociados a calificativos estigmatizantes como “pensiones doradas” o “megapensiones”.
La resolución judicial, derivada de un juicio de amparo promovido por los derechohabientes bajo la asesoría del abogado José Antonio Cid Trejo, determina de manera preliminar que estas difusiones en redes sociales vulneran el honor, la dignidad y la reputación de los afectados al señalarles públicamente por la crisis financiera de la institución.
“La resolución también establece que el funcionario estatal deberá abstenerse de realizar nuevas publicaciones, como las difundidas en redes sociales, mientras permanezca vigente la suspensión”, precisó.
ACLARACIÓN
El abogado aclaró que la defensa legal no pretende impedir que el gobierno de la entidad informe sobre el manejo de los recursos públicos, el monto destinado al pago de pensiones o la situación financiera que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).
“Yo no estoy pidiendo que oculten mi pensión, estoy pidiendo que no utilicen mi nombre y mi pensión para señalarme ante la sociedad como responsable de una crisis financiera que yo no provoqué. Transparencia sí, estigmatización y señalamiento desde el poder público, no”, explicó al exponer la postura de los pensionados.
En este sentido, explicó que existe una diferencia entre informar de manera objetiva cuánto recibe una persona conforme a la pensión que le fue otorgada y utilizar su nombre al lado de calificativos como “pensión dorada” o “megapensión”.
PROTECCIÓN CAUTELAR
Cid Trejo enfatizó que la resolución no representa todavía una sentencia definitiva favorable, debido a que el juicio de amparo continúa y será necesario esperar el análisis de fondo. No obstante, consideró relevante que el juez haya determinado la necesidad de otorgar protección cautelar mientras se resuelve el procedimiento.
Agregó que, en caso de que el amparo sea ganado de manera definitiva y exista una sentencia firme, se analizará la posibilidad de presentar denuncias y promover las acciones legales correspondientes para determinar si existen responsabilidades administrativas por parte de funcionarios públicos.
Sostuvo que un eventual fallo definitivo podría establecer un precedente para otros pensionados que consideren vulnerados sus derechos mediante publicaciones o declaraciones de servidores públicos.