México.- Durante el sexenio que está por concluir se incrementó significativamente el número de víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, indicó ayer el ombudsman nacional Raúl Plascencia.
En el marco de una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, consideró que ante una mayor actividad de la delincuencia organizada prevaleció, por un lado, la ineficacia de las fuerzas de seguridad y el sistema de procuración de justicia, y por otro se elevaron los abusos por parte de autoridades.
“La información con que cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) permite observar cómo en los últimos años se incrementó de manera considerable el número de víctimas de violencia y de los que han sufrido agravios por actos y omisiones de diversos servidores públicos mexicanos”, señaló.
“Lo anterior implicó un incremento sustancial de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, los aseguramientos y cateos ilegales, la desaparición forzada de personas y privaciones arbitrarias de la vida, entre otras tantas más”.
Reportó que la CNDH tiene registro de 46 mil 15 personas ejecutadas, 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas durante el sexenio.
En tanto, alertó, la Comisión Nacional tiene en investigación 2 mil 126 casos de desaparición forzada de personas y en los últimos dos años ha emitido 12 recomendaciones en la materia dirigidas a diversas autoridades.
“No se puede desconocer factores como la presencia cada vez más activa de la delincuencia organizada y el aumento en la incidencia delictiva a lo largo y ancho del país, pero tampoco se puede dejar de lado la poca eficiencia las por parte de las fuerzas policiales en la prevención del delito y particularmente la poca eficacia en materia de procuración de justicia”, enfatizó.
De 2005 a la fecha, señaló, la CNDH recibió 34 mil 385 quejas en contra de servidores públicos adscritos a áreas encargadas de la seguridad pública en el ámbito federal.
Mientras que hace siete años sólo se reportó una queja por tortura, agregó en 2011, el número de expedientes por tratos crueles, inhumanos y degradantes ascendió en 2011 a 2 mil 40.
Al abordar el tema del sistema penitenciario nacional, advirtió que atraviesa por una crisis severa cuya principal causa es la falta de una política pública integral y articulada en la materia.
Hay una población de 239 mil 760 internos, apuntó, y 418 centros penitenciarios, incluidos los federales y los estatales.
“El Estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que este se encuentra en prisión. Dicha realidad, entre otros factores, ha derivado en la falta de gobernabilidad, corrupción, impunidad, hacinamiento, tráfico de drogas, la complicidad con delincuentes y la burocracia exacerbada que no logra controlar las instalaciones penitenciarias”, sostuvo.