La ola delictiva en México arrastra cada vez más a mujeres, de esto da cuenta el hecho de que el número de mexicanas encarceladas registró un crecimiento de 175 por ciento de 1997 a abril de 2013, indica el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitido a la Cámara de Diputados.
El trabajo alerta sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 11 mil 901 mujeres recluidas en las penitenciarías del país, de las cuales 74.27 por ciento enfrenta procesos del fuero común y 25.73 por ciento del federal.
Son deficiencias y carencias materiales, médicas y jurídicas las que sufren las mujeres recluidas en las cárceles, y sus derechos humanos se lesionan al padecer hacinamiento, sobrepoblación, compartir los espacios con varones y al obligarlas a desnudarse al ingreso y durante las revisiones, incluso en los juzgados.
Del total de los 418 centros de reclusión, sólo 10 son exclusivos para albergar a población femenil, con un total de 4 mil 189 internas, mientras que 7 mil 712 se ubican en 69 centros mixtos.
La infraestructura, organización y funcionamiento han girado en torno de las necesidades de los hombres, precisa el documento.
La CNDH destaca que muchas mujeres en prisión duermen en el suelo, carecen de servicio médico general y especializado, además de no recibir la alimentación adecuada ni en calidad, cantidad e higiene, al igual que 377 menores de edad que viven con sus madres presas.
La aplicación de sanciones disciplinarias no garantiza respeto a los derechos humanos de las internas, afirma el Informe Especial de la CNDH, ya que éstas no se notifican por escrito y contemplan la suspensión de visita familiar e íntima como “medida correctiva”, tal es el caso del Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, Coahuila.
Mientras en Santa Martha Acatitla y Tepepan, en el Distrito Federal, y sus similares en Jalisco y Querétaro, y en Nogales, Sonora, y Cieneguillas, Zacatecas, “no tienen derecho a audiencia”.
En el Complejo Penitenciario Islas Marías las sanciones son excesivas y acumulativas, e incluyen el aislamiento temporal y la restricción de llamadas telefónicas con familiares a la que tienen derecho; en el centro Noroeste, en Tepic, Nayarit, los castigos llegan hasta 180 días sin salir de su celda, además de retirarles los productos que compran en la tienda.
Con información de kaleydoscopio.mx