Zacatecas.- La delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha interpuesto denuncias penales por la invasión de casas habitación propiedad de la dependencia federal, informó el delegado Leopoldo Ortega Otuño.
Sin precisar detalles para evitar alertar a los responsables, expuso que Zacatecas tiene un problema menor en este aspecto en relación con otras entidades de la República, sin que ello implique dejar de lado la atención a estos casos.
“Nosotros hacemos las denuncias respecto de las viviendas que son propiedad del Instituto, que son invadidas, que son las menos (…). Problemas de vivienda invadida los hay, no es un problema que sea preocupante, a diferencia de otros estados, pero se atienden con prontitud”, comentó Ortega Otuño.
Las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) revelan que en el primer semestre del año el despojo de vivienda sin violencia ha crecido 26 por ciento en comparación con 2013.
Mientras que el año anterior se recibieron 101 querellas, para 2014 la cifra ascendió a 128, sin que se precise quién interpuso las demandas ante el Ministerio Público.
El delegado del Infonavit expuso que una medida para limitar la ocupación ilegal de casas es mantener “el tren” de vivienda acorde con el número de créditos que pudieran otorgarse a lo largo del año, con previo análisis de las casas no comercializadas anteriormente.
“La ventaja que tenemos en Zacatecas es que no tenemos un problema de vivienda abandonada grave, lo cual facilita las cosas, porque se trata de una cantidad de viviendas menor. Las viviendas que recupera el Instituto son comercializadas inmediatamente para evitar este tipo de actos”, explicó.
Sin precisar quiénes han sido los responsables, indicó que se trata de personas que invaden las casas por necesidad de vivienda, sin que sean propietarios o tengan un contrato con quien posee el bien, lo que representa un delito.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Zacatecas, vigente desde 2012, el artículo 345 establece sanciones de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas de salario mínimo a quien incurra en despojo de casas.