Mónica Martínez Alvarado, encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reconoció que no hay un proyecto para ubicar asesores jurídicos en los distritos judiciales del estado debido a los obstáculos presupuestales.
Además, expuso que el presupuesto de la comisión no es suficiente para el número de víctimas que hay registradas.
“Tenemos que ser conscientes de que en cada lugar tenemos que invertir o se tienen que buscar las formas de poder invertir y dejarle un espacio digno a ese asesor, que pueda trabajar y establecer la dinámica de trabajo con asesores, la mayoría son de la capital”, sentenció.
Martínez Alvarado, quien a nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participó en un foro con la organización México Evalúa, expuso que los asesores deben radicar en los diferentes distritos judiciales para dar mayor calidad en la representación jurídica de las víctimas.
Aseguró que al alcanzar esta cantidad de personal “el asesor entraría en representación directa de la víctima en ese ámbito regional”.
La encargada, quien aún no es ratificada como comisionada, afirmó que el gobierno de Zacatecas está comprometido en aportar el apoyo necesario para ser un soporte digno hacia la víctima.
Afirmó que en presupuesto hubo un incremento substancial y efectivo para la comisión que trae muchos beneficios.
Explicó que el presupuesto se divide en tres grandes rubros: uno de ellos es el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), cuyo grueso es para personal operativo y que pasó de 2 millones 950 mil pesos, a 4 millones 165 mil 200, es decir, 41.19 por ciento más.
Otro es el rubro operativo que en 2021 era de 11 millones 581 mil 174 pesos y que en 2022 subió a 12 millones 81 mil 86 pesos, es decir, 0.431 por ciento más.
En el fondo de ayuda económica se tenían 2 millones 704 mil 841 pesos en 2021 y para 2022 subió a 3 millones 29 mil 34 pesos, que equivale a un crecimiento de 11.9 por ciento.
Expuso que es necesario reformar un marco jurídico que permita acceder a un presupuesto mayor, ya que actualmente sólo se autoriza 0.014 por ciento del gasto programable del presupuesto de egresos del estado de acuerdo con el artículo 60, fracción 1 y 2, de la Ley de Atención a Víctimas.
