CIUDAD DE MÉXICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia retiró de su lista de sesión el asunto que le permitiría fijar un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva, luego de que el Ejecutivo Federal le pidió dejar el tema a los Ministros y Ministras electos el 1 de junio.
Se trata de un expediente para que el Poder Judicial Federal (PJF) ejecute una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución para una larga lista de delitos.
Desde noviembre de 2023, el Ministro Jorge Pardo repartió un proyecto que proponía que solo se aplique la prisión preventiva justificada, es decir, que los jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.
El expediente fue listado para sesión el 23 de enero de 2024, pero desde entonces se fue aplazando, ante presiones del gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las fiscalías federal como estatales.
El proyecto era preocupante para el Gobierno, porque podía ser aprobado con seis votos, es decir, las tres Ministras afines a Morena no podrían bloquearlo, al no requerir votación calificada de ocho.
Además de este expediente, la Corte también retiró de su lista una acción de inconstitucionalidad de la CNDH, que cuestionaba una reforma legal de 2021 que clasificó varios delitos adicionales como de prisión preventiva oficiosa.
La Ministra Margarita Ríos Farjat proponía invalidar algunos aspectos de esa reforma, pero el proyecto requería ocho votos y podía ser bloqueado por las Ministras del oficialismo, que seguirán en la Corte.
«Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1 de septiembre de 2025 las Ministras y Ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Corte retire el proyecto de resolución listado para que su estudio, discusión y eventual resolución, sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al PJF», pidió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) a finales de mayo.
Durante una mañanera del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegó a advertir que 68 mil acusados por delitos graves serían liberados, no obstante que el criterio propuesto solo hubiera resultado en celebrar audiencias para revisar, caso por caso, si se justifica que sigan presos.
Una vez retirados estos asuntos, que serán discutidos entre los seis nuevos Ministros y las tres que repiten, la actual integración del Pleno ya solo tiene 18 casos en lista para las cinco sesiones públicas que le quedan, ninguno de importancia nacional.
La Corte aún podría revisar impugnaciones contra la elección de magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral, pero hasta ahora no ha admitido ninguna.